La afectación de 19 km de playa en la Riviera Maya por Dean acarreó la pérdida de contratos
para los hoteles en 2008

Tal y como lo vivió Cancún, la Riviera Maya, considerado el quinto sitio a donde arriba el mayor número de turistas en el país y el de mayor estadía promedio -5.9 noches-, enfrenta una tarea de titanes: recuperar la pérdida del componente principal de su éxito, 19 kilómetros de arenales deslavados tras el paso del huracán Dean en agosto pasado, situación que ha ocasionado ya el descrédito del destino mismo, ante la indiferencia de las diversas autoridades y la falta de conciliación de éstas con el sector empresarial para definir aportaciones.
Jean Agarrista, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, lanzó el llamado de alerta: “La situación ha propiciado la pérdida de muchos contratos tanto en temporada de verano como de cara a la temporada alta de este 2008. Estamos confundiendo al turista, y otros destinos en competencia aprovechan este problema. Hay hoteles que han perdido hasta el 50% de su producción, especialmente en los mercados europeos y más concretamente el mercado italiano y alemán, tanto que éstos han expresado sentirse engañados y descontentos con la situación de las playas, mientras otros expresan sus dudas del estado en medios de comunicación global como la página de Internet Trip Advisor, entre otros medios”.
El proyecto de recuperación de playas en Riviera Maya consiste en restaurar 13 kilómetros de erosión, equivalente a unos 600 mil metros cúbicos, para unos 50 metros de ancho, a un costo de 14 millones de dólares. Este se planea realizar en dos etapas; la que comprende desde Playacar fases 1 y 2, y el resto de la franja de playas hacia el norte. Sin embargo, esta decisión no puede esperar más allá del final de enero del 2008, ya que en temporada de huracanes no hay posibilidad de disponer de dragas.
“No se puede esperar más, estamos perdiendo credibilidad, y si no se hace algo el quebranto del negocio será latente con la pérdida de puestos de trabajo y recesión en el destino. Vendemos sol y playa, y no hay respuesta del gobierno federal ante ello. De nada sirve invertir millones de pesos en promoción si la realidad de nuestro destino es otra”, advirtió Agarrista.
Ante esto hizo un llamado de nuevo a los gobiernos federal y estatal para analizar este problema de forma global: “Es un destino de playa y vulnerable a los huracanes, por tanto hemos de disponer de fondos, maquinaria, tecnología y permisología suficientemente ágil para que este tipo de problema se solucione inmediatamente de que haya pasado una contingencia climatológica. La cultura del mantenimiento de playas ha de ser una prioridad para nuestro destino”, enfatizó.
En relación al fideicomiso de recuperación de playas, específicamente para Riviera Maya, Agarrista aclaró que éste se encuentra en fase de creación a través del BBVA Bancomer, ins-trumento bancario que, sin embargo, no determina el crédito ante la falta de acuerdos de los montos pactados entre el Gobierno del Estado y la federación, así como los hoteleros.
En tanto el problema se agrava, ya que de acuerdo con Mario Torrado, subdirector de Impacto y Gestión Ambiental de la Dirección de Ordenamiento Urbano de Solidaridad, en un monitoreo realizado en la zona costera de Playa del Carmen, Akumal y Tankah el paso de Dean causó el deslave de cerca de 19 kilómetros en total.
El proyecto general de recuperación de playas de la Riviera Maya (previsto antes de Dean) cuenta ya con la aprobación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al obtener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con base a los estudios realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un costo de un millón de dólares, pagados por el ayuntamiento de Solidaridad, con vigencia de un año todavía.
Al respecto, el presidente municipal de Solidaridad, Carlos Joaquín, informó que la estrategia del gobierno estatal para conseguir recursos emergentes para la restitución de arenales de todo el estado solicitando recursos al Fonden fue retirada por la Semarnat, por lo cual ya no se contará con estos recursos.
Ante esta situación explicó Carlos Joaquín, integrante de la Asociación de Municipios Costeros, se trabaja ya en esta propuesta fiscal consistente en realizar cambios en la Ley Federal de Derechos, por lo cual se deberá ir a la Cámara de Diputados y plantear la posibilidad de una nueva zona federal, o en su caso buscar que en las zonas asignadas para el pago federal se implemente un nuevo gravamen específicamente para la recuperación de playas, o la opción de otorgar todo el fondo de zona federal a este rubro. (Alejandra Moncisbays).

Ante el poco margen de maniobra política lograda por el gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda entregó una reforma fiscal incompleta con fines puramente recaudatorios, que, a decir del sector empresarial del Caribe mexicano, afecta como es costumbre al 16% de la IP, así como al sector turístico de forma importante.
El pasado 15 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Reforma Hacendaria y el nuevo régimen del sistema fiscal de Pemex ante el alegato por parte del gobierno federal de propiciar un ritmo de crecimiento económico de 3.7% en el 2008, si el Congreso aprobaba dichos cambios.
Así, las reformas hechas por los legisladores incluyen la puesta en marcha, a partir de 2008, del Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los juegos con apuestas y sorteos, así como el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), que entrará en vigor a partir del 1 de julio del próximo año.
En torno al tema, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), capítulo Quintana Roo, Alejandro Arvizu, afirmó: “El presidente Calderón no vio margen de maniobra y decidió que se aceptara una parte de sus propuestas, en lugar de no obtener nada. Estos cambios son puramente recaudatorios y el único beneficiado es el gobierno federal, ya que pegará a los de siempre y quienes están en el comercio informal continuarán sin pagar”.
Apuntó que por desgracia estos cambios en la legislación tributaria carecen de ventajas pero están plagados de desventajas, como es el hecho de que el IETU es un impuesto no homologado en los Estados Unidos, por lo cual se tendrá una afectación a las empresas en México subsidiarias de compañías norteamericanas; “anteriormente los impuestos que pagaban estas empresas en el país estaban homologados en EU, lo que incentivaba a las compañías ya que de esta forma pagaban estos gravámenes una sola vez (en México) y se liberaban de hacerlo en su país; sin embargo, con el IETU cambiará la mecánica y tendrán que hacer un doble pago tributario”, explicó.
En torno a la posibilidad de amparos, dijo que actualmente no hay condicionantes claras como una situación anticonstitucional que dé cabida a este instrumento legal de forma masiva o por sectores como en casos anterio-res, por ello cada empresa deberá analizar en específico su situación y posibilidades de recurrir a este instrumento legal.

Las opiniones

Hernán Cordero Coparmex “Estos cambios fiscales ni siquiera llegaron a ser una reforma, es una miscelánea meramente con carácter recaudatorio, porque esta reforma no considera el tema de competitividad a nivel internacional, ni el de aumentar la base de contribuyentes, ni hacer realidad la simplificación admi-nistrativa. El empresariado padece el tener que hacer múltiples formas y tablas, a lo que se suma la forma de pago que es sumamente complicada. “Tenemos claro que se trató de no perder la oportunidad de la negociación política entre los diputados, aunque fue para aceptar una ley que no va a recaudar ni el 1% del PIB, a cambio de sacrificar una reforma electoral retrógrada. “Esperamos que en los próximos años se haga una reforma integral en la parte que le corresponde al gobierno en cuanto a la transparencia del uso de los recursos, de facilitarle a las empresas el pago y hacer las declaraciones fáciles. “Lo pequeño que se trató de ganar con el impuesto a los depósitos en efectivo da como resultado un balance negativo porque en contra están todos los sectores formales, por ello finalmente vuelve a recaer ante un máximo del 16% de todas las empresas, el subsidiar y mantener a todo el país. “A nivel nacional la Coparmex se solidarizó con la Secretaría de Hacienda y con el gobierno a empujar esta reforma sacrificándose de alguna manera temporalmente, por ello como gremio el organismo no interpondrá amparos, pero los socios pueden recurrir a este mecanismo legal de manera individual”.	Manuel García Jurado Canirac “El único objetivo de la reforma fue el de obtener mayores recursos para la federación sin ver un poco más allá, por ejemplo en el caso del comercio informal, al cual se pretende involucrar en la recaudación hacendaria a través del impuesto a los depósitos en efectivo, cuyo gravamen es del dos por ciento en montos superiores a 25 mil pesos, que éste podrá evadir sin mayores complicaciones al no utilizar a las instituciones bancarias. “En cambio a los sectores formales, como gasolineras, tiendas de abarrotes, tlapalerías y sobre todo a los restaurantes nos golpea fuertemente porque manejamos gran cantidad de efectivo. Si se piensa que esta tributación pudiera ser tomada en cuenta en la aplicación de otros impuestos producirá un nuevo trámite, que complicará más la contabilidad. Desde este punto de vista, la reforma no va a resolver el tema fuerte de recaudación, no aumentará la base de los contribuyentes, no combatirá el ambulantaje. Ante esto los restauranteros analizamos una estrategia nacional debido a la afectación que esperamos sea fuerte en lo referente del impuesto al depósito, por ello no descartamos la posibilidad de amparos masivos”.
Rodrigo de la Peña CCE “La Reforma Hacendaria no es integral, se limitó a una miscelánea sujeta a varias negociaciones de otras leyes, además de no fomentar la inversión, solamente la recaudación. Sin embargo, entre sus ventajas está la perspectiva de recaudar 100 mil millones de pesos más de acuerdo a la estimación federal, los cuales serán destinados a gasto social. “Estas medidas buscan evitar la evasión fiscal y mejorar la recaudación, pero cuando se parcha una iniciativa completa y se desglosa aceptando sólo algunos aspectos se dan leyes ine-quitativas y afectan a ciertos sectores, creando desigualdad. “Respecto al IETU, éste sustituirá al ISR y al hacerlo tan gradual nos va a generar costos; también el quitar deducibles afecta las inversiones en perjuicio de la creación de empleos. Sin embargo, en el rubro turístico estos impuestos no impactarán en cuanto a número de visitantes nacionales y extranjeros, pero sí en el aspecto de la inversión privada, que pudiera ser un factor que la desacelere de manera importante al disminuir los incentivos”.	Jesús Almaguer presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún “No es una reforma hacendaria integral. Para llegar a este punto debería en el caso de nuestro país captar más contribuyentes y no cargarle la mano a los menos. En este sentido el secretario de Hacienda lo dijo: las expectativas no se cumplen, es sólo un paso para llegar a lo que se desea, una reforma completa. “La afectación al sector hotelero se da en la medida que perjudica al resto de la cadena que se relaciona con éste: empleados, proveedores, restaurantes, parques, con lo cual sí afecta a la economía turística. “De momento no hemos estudiado el ampararnos porque hay mucho desconocimiento, lo analizamos aún. Pero el problema recurrente es que este tipo de iniciativas nunca se consultan antes de ser enviadas a las cámaras de diputados y senadores, cuando se supone que éstos fueron elegidos para representarnos, y en este sentido carecemos de una forma para expresar nuestros puntos de vista”.
Mario Avilés Barroso presidente nacional de la AMPI “Al sector inmobiliario como tal no le afecta la reforma hacendaria en un principio; sin embargo, sí tendrá una importante repercusión a la larga porque perjudicará a los desarrolladores, quienes carecerán de incentivos para la inversión”.	Carlos Constandse Grupo Xcaret “El cambio en la cuestión tributaria había que darlo. Coincido en que hay que afinar los conceptos de la misma; sin embargo, creo que esta ley va a ayudar a incrementar el padrón de quienes pagan impuestos. “Aunque hay aspectos difíciles para las empresas, estos son cambios necesarios para el país si queremos seguir adelante, pero se debe facilitar el proceso de las declaraciones; todavía es mucha la complejidad en los conceptos, que independientemente quitan esfuerzo y tiempo, en tanto en el mundo hay un gran adelanto en este aspecto que facilitan al contribuyente el pago de impuestos”.

El Caribe mexicano, punta de lanza en desarrollo turístico nacional, que captó 6.1 millones de tu-ristas en 2006, debe su auge a su belleza natural; sin embargo, para diversos sectores el daño propiciado por el mismo éxito del destino se debe a la deficiente normatividad jurídica, procedimientos tecnológicos, ambientales y nula supervisión de los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) de parte de desarro-lladores y autoridades de los tres órdenes de gobierno.
En la mayoría de los países considerados de primer mundo el denominado ordenamiento territorial ambiental va a la par del ordenamiento territorial urbano, propiciando el llamado “desarrollo sustentable”. Sin embargo, en México la carencia de esta cultura predispone un divorcio, que los instrumentos conocidos como POET supuestamente deberían evitar. Pero para algunos desarrolladores y hoteleros el error principal está en la aplicación del esquema.
“El concepto del programa fue copiado de un esquema aplicado en la Florida, EU, pero el error estribó en que en la entidad ni las autoridades ni los ciudadanos lo siguieron al pie de la letra”, señala Román Rivera To-rres, presidente de Grupo Aventuras, quien participó en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en Ri-viera Maya.
Sobre el tema, Horacio López Herrera, ex presidente de AMPI Riviera Maya, quien participó en la etapa inicial para realizar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) Corredor Cancún-Tulum, señaló que para hacer la actual revisión para configurar el POEL de la Riviera Maya, acorde con la realidad de la zona, se deberá comenzar por implementar instrumentos de medición y caracterización del parque inventario (predios), utilizando toda la tecnología al alcance, lo cual hasta el momento no se ha hecho.
Lo anterior repercute, por ejemplo, en las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) en las que se dividen los POET. “Entre una de sus problemáticas es que en los casos de hectáreas colindantes o cercanas a zonas restrictivas a pesar de tener una UGA con vocación de aprovechamiento, éstas están impedidas por el esquema de restricción general del POET.
“Otra de las principales debilidades es la indefinición existente sobre el poder de decisión de cada grupo protagonista (empresarios, académicos, ambientalistas, por ejemplo); así, ante una controversia coyuntural la autoridad toma el control, y decide algunas veces, sin bases claras, rechazar una opción interesante y valiosa para la adecuada interpretación y manejo del POEL”, argumentó.
Otro aspecto, explicó, es que las densidades del POEL para la zona marcan 80 mil 300 habitaciones, de las cuales hoy se tienen 27 mil aproximadamente. “Quedan 56 mil habitaciones autorizadas a levantar, pero los pocos predios costeros que hay o no tienen certeza legal, o no tienen playa o no hay intención de desarrollarlos, cuando menos de momento”.
“Existen otros factores importantes del POEL, como tratamiento del mangle, normatividad para campos de golf, implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo en caso extremo, así como el tratamiento adecuado de las áreas con desgaste natural y en riesgo de colapsarse, la inclusión de tierras ejidales dentro del programa, el tratamiento de ríos subterráneos, así como de la basura y de las aguas residua-les. Asimismo, la aplicación de sanciones severas al infractor, integración del comité de inspección, levantamiento por caracte-rización de los predios en base un adecuado procedimiento tecnológico, predio por predio. Básicamente serían aspectos torales del

POEL, para hacerlo un instrumento global y acorde a la realidad”, enfatizó.
En otro aspecto, tanto Patricio Martín, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), como María Cristina Castro Zariñana, directora de Planning, especialista en planeación urbana y ambie-ntal y quien también participara en la creación del POEL de Benito Juárez, apuntan que es necesario aplicar los criterios establecidos en los POEL y POET (según el caso), ya que en específico el ayuntamiento de Benito Juárez sigue otorgando autorizaciones con densidades muy por encima de lo establecido en los ordenamientos, en virtud de que el Cabildo, dentro de su atribución constitucional, tiene el poder de aumentar o disminuir las densidades según su criterio.
De igual forma aseguraron que no obstante ser los POE instrumentos de vanguardia, un aspecto imprescindible que también compete al ayuntamiento y al gobierno federal es la supervisión de los desarrollos turísticos y el control de los mismos. “No sirve un buen plan si no se aplica, si está un uso de suelo y dan la autorización para otro; hay pocos especialistas que asesoren a los regidores en la toma de decisiones, pero también falta difusión para que la población comprenda estos instrumentos, los cuales se deben respetar, porque si no el trabajo se va a la basura. Sin embargo, este control en la parte urbana corresponde al ayuntamiento, que lo debería cumplir a rajatabla”.
Ante las críticas de la poca utilidad de dichos instrumentos, argumentaron que los problemas ambientales y urbanos actuales fueron propiciados por una deficiente aplicación de éstos, no por contradicciones de los mismos. “Todo el territorio benitojuarense está ordenado, incluido Puerto Juárez, Leona Vicario y Puerto Morelos, bajo el POEL”, enfatizaron cada uno por separado.
Castro Zariñana detalló que cuando se habla del ordenamiento del territorio se entiende que éste va a la par de los aspectos urbanos y ambientales. “Sin embargo en México no, ya que fue hasta 1980 que el gobierno federal empezó con el ordenamiento ambiental de toda la República Mexicana, pero en 1985 se dieron cuenta que era imposible hacer todo el terri-torio al mismo tiempo así que se designaron ciertas regiones prioritarias.
“Fue hasta la reforma municipal de 1983 cuando se modificó el artículo 115 constitucional, con lo que los ayuntamientos adquirieron el poder sobre su territorio. Específicamente en el caso de Quintana Roo se señalaron dos regiones, la del Sistema Lagunar Nichupté y la del Corredor Turístico Cancún Tulum”, reseñó.
Aun cuando en toda la República se hicieron los POEL, Quintana Roo fue pionero al ponerles el rango de obligatoriedad, así en noviembre 1994 se decretó el de Benito Juárez y el del Corredor Cancún-Tulum, convirtiéndose en los dos primeros ordenamientos del país.
Estos ordenamientos ecológicos establecen los límites de aprovechamiento de un territorio. “Se dividen en ciertas secciones denominadas Unidades de Gestión Ambiental, a las cuales se les ponen atributos ambientales. Por ejemplo, el porcentaje a desmontar, cuántos edificios se pueden construir, qué tipo de construcciones; en sí definen las políticas ambientales, que son: conservación, apro-vechamiento, restauración y protección. Cuando tienen ca-racterísticas para protección ambiental sólo establecen grados de aprovechamiento y densidades; en conservación se puede tener aprovechamiento limitado; restauración cuando el lugar está dañado y se debe recuperar”, explicó Zariñana.
“La esencia de los POE es conocer el territorio a usar, desde el tipo de vegetación hasta la geografía, para evitar que se impidan los procesos naturales de la zona a la vez de conservar la mayor área posible. En Cancún en el caso de las colonias populares la planeación ha ido atrás de los asentamientos humanos, bajo la tradición perniciosa en la que la gente primero se asienta y luego las autoridades al momento de realizar la traza urbana no es que marque las vialidades o equipamiento donde deben ir, sino se colocan donde se puede”, refirió la consultora.
Cabe decir que el POET al ser un acuerdo de coordinación de los tres niveles de gobierno, desde el punto de vista jurídico, no establece relación con los particulares por no ser ley o reglamento, sino solamente obligatoriedad con las partes que los signan: federación, estado y municipio, cuyo compromiso es ante la solicitud de licencias o permisos para obras de tipo urbano y ambiental aplicar lo que establece el POET en los sitios designados.
El hecho de que el POET no pase por el Cabildo ni se inscriba en el Registro Público de la Propiedad lo posiciona a distinto nivel jurídico que un Plan Director de Desarrollo Urbano (PDDU), teniendo mayor valor el PDDU. Cabe destacar que este conflicto que se tenía anteriormente en Cancún se resolvió al hacer el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, el cual pasó a Cabildo para estar a la par de los ordenamientos urbanos, para de esta forma (por lo menos en papel), ser un instrumento con peso jurídico. (Alejandra Moncisbays).