En este debate, como en tantos que tienen que ver con los asuntos públicos, poco interesa quien debiera importar más. En esta batalla, cruenta en efecto, el interés del consumidor está más lejano que la libertad para algún exgobernador encarcelado. Aquello del interés común es como chiflar y comer pinole.
Imposible, pues.
Se trata en efecto del fomento a la competencia. Del beneficio al consumidor. Del derecho a ofrecer un servicio y tener un empleo. De que la economía formal se promueva. De que se transforme de una buena vez un sistema que ya da de sí. Que haya un piso parejo para los que participan en un sector económico. Que en este debate, pues, salga lo mejor posible.
La operación de la plataforma de servicios Uber ha generado un conflicto mayúsculo con los gremios de taxistas en el mundo entero. Este servicio de transporte –aunque se plantea que se trata simplemente de una aplicación electrónica que acerca a quienes requieren de un traslado con un vehículo disponible para ello- revolucionó en poco tiempo el servicio de transporte público y, entendible, generó un rechazo por parte de quienes históricamente se encargaban de generarlo.
Uber, al igual que otras empresas que aprovechan la tecnología para crearse oportunidades de negocio, solo han ocupado un vacío que se ha generado con quienes lo brindaban y no se han modernizado. Es verdad que es mucho más benéfico para el consumidor tener en su dispositivo móvil la posibilidad de solicitar un servicio de transporte seguro, más ante la deficiencia que pueden ofrecerle los tradicionales. Taxis que, sin generalizar, no ofrecen las mismas condiciones de calidad y seguridad que los transportes a los que se oponen.
La operación de Uber en Cancún, lo sabemos, resultó más allá de la polémica. Una terrible cacería por parte de la autoridad encargada de regular el transporte y la violencia del Sindicato de Taxistas terminaron por conseguir que la empresa haya decidido en diciembre suspender operaciones, en espera de que la Ley de Movilidad que se discute en el Congreso de Quintana Roo les cree condiciones para poder operar.
“No nos oponemos a la competencia de Uber”, me comentaba un directivo de la segunda empresa de transporte privado que mueve más pasajeros en el aeropuerto de Cancún. “El asunto es que deben sujetarlos a las mismas reglas del juego que a los demás competidores”, refería. Le ponía el ejemplo de los precios de Uber en comparación con las tarifas de taxis y transportación privada; si hoy un traslado del principal aeropuerto turístico del país a algún hotel no baja de 300 pesos, Uber muy probablemente lo ofrecería a la mitad de ese precio. “Y sí”, me dijo, “lo podrían ofrecer porque no tienen que pagar todo lo que pagamos nosotros en cuestiones de regulación y permisos”.
En efecto hay lógica en lo que algunos de los principales actores en este sector plantean en torno a la operación de esta empresa que por su parte argumenta que no da un servicio de transporte público, sino que simplemente es una plataforma tecnológica para acercar a particulares –el que conduce el vehículo con el que solicita un servicio-, por lo que no tendría que estar regulada. Un argumento que tampoco puede considerarse del todo válido.
La oposición gremial a este servicio es de esperarse en los destinos turísticos. Los sindicatos de taxistas son sumamente poderosos –Los Cabos, Cancún, Vallarta son ejemplos claros- y están mucho más organizados que sus similares en ciudades como la de México, Monterrey o Guadalajara. El negocio es multimillonario. La resistencia de los taxistas a otras opciones de transporte es una realidad. El daño que han generado con sus movimientos de protesta a destinos turísticos está documentado. Baste recordar lo que costó a Los Cabos el conflicto que sostuvieron taxistas con transportadoras privadas.
Es lógico que Uber o Cabify entraran a los destinos turísticos a operar. Los taxistas organizados debieran invertir más en servicio, calidad y plataformas tecnológicas antes de oponerse a una tendencia del consumidor que no se detendrá. Las tendencias del consumidor revolucionan el mercado.
Hace un par de meses David Scowsill, expresidente del Consejo Mundial de Empresas de Transporte y Turismo, advertía del efecto disruptor en el turismo de plataformas como Airbnb –en la que se ofertan casas, departamentos y habitaciones en destinos turísticos para visitantes y que está convirtiéndose en una fuerte opción para los turistas que optan por ese tipo de servicio- y Uber. Hay que ponerse las pilas, más bien.
Lo contrario irá siempre en perjuicio del consumidor.