Es una lástima que los senadores de este país hayan tenido tan poco seso como para intentar poner en la Constitución, con el pretexto de la Reforma Electoral, un párrafo que atropellaba la libertad de expresión.
Tuvieron que recular ante el escándalo, pero la pifia fue bien aprovechada por los medios electrónicos, que en pocas horas convencieron a medio país de que el Senado había pretendido imponer una auténtica ley mordaza, al estilo Fidel Castro o Hugo Chávez.
Esa cortina de humo ocultó el meollo del asunto.
En realidad, lo que le dolió a la industria fue la prohibición de contratar propaganda electoral en medios electrónicos, porque lisa y llanamente acaba, o pretende acabar, con un jugoso negocio de dudosa legitimidad: las campañas electorales.
Con las elecciones, los medios ya habían hecho lo mismo que con el futbol, donde todo se vende: las vallas que rodean el campo, las camisetas de los equipos, las transmisiones de los partidos y las piernas de los jugadores virtuosos. Y ahí sí, están en todo su derecho…
O lo que hacen con las telenovelas, donde también todo se vende: los anuncios en horario estelar, las marcas de licores que aparecen en pantalla, las escenografías en donde se realiza el culebrón, las copias que se distribuyen al mundo entero. Y ahí también están en todo su derecho…
Y es lo que parecen hacer con sus noticieros habituales donde, aunque el público lo ignora, gran parte de lo que se presenta como información es publicidad pagada. Sin ningún pudor o cortapisa, la radio y la televisión manejan listas de precios donde se asienta que una entrevista con fulano cuesta tanto; una mención de mengano, tanto; y el programa completo de zutano, tanto, y créamelo, están ahí los nombres de casi todos los conductores renombrados (que se llevan una tajada, pero el resto del pastel es para la empresa). Y aquí sí el derecho es discutible, porque obviamente le están dando gato por liebre al respetable.
Pero el colmo llega en época de elecciones.
Aquí la industria es implacable, sin importar el color del candidato: si te anuncias, si me das propaganda pagada, si firmamos convenio, cubro tu campaña. Si no, a ver cómo le haces, esto es un negocio.
(Y, con dolorosa frecuencia, algunos medios van más allá, a un terreno casi gangsteril: si no me compras publicidad, te hago pedazos).
En tiempos de campaña todo se tasa con la vara del dinero: las entrevistas en vivo (aunque parezcan casuales), la cobertura de mítines, las ruedas de prensa, las giras y los discursos, y si me aprieta un poquito, hasta las encuestas.
Y, sabiendo que sin cámaras y micrófonos cualquier candidato está condenado a fracasar en las urnas, se entiende que los partidos se gasten el 70 por ciento de sus recursos en medios electrónicos.
Tal vez eso se acabó (falta que la Cámara lo apruebe, que el Presidente la firme, que la mitad de las Legislaturas locales se adhiera, y sobre todo que la reforma se perfeccione, para que los noticieros no se conviertan en una tómbola electoral).
En resumen, hay que aceptar que el árbitro que puso estas reglas no es popular ni simpático (los niveles de aprobación del Congreso están por los suelos), que la Reforma fue desaseada y revanchista (empezando por las remociones en el IFE, vergonzosas), que los partidos se despacharon con la cuchara grande (de hecho aumentaron sus partidas, porque ya no tendrán que pagar sus spots), que hicieron el acuerdo en lo oscurito y, pese a todo, que le atinaron en la propaganda electrónica, porque las elecciones en México no pueden ser un negocio particular de las televisoras.
Esa es una de las moralejas de esta historia (y ojalá no se requieran más ajustes de cuentas): ninguna democracia puede funcionar si los medios colocan sus cuentas de cheques por encima del interés público.