A principios de este año, cuando discutimos los probables contenidos de la revista para el 2005, decidimos incluir una galería de notarios públicos, siendo como son actores esenciales del proceso productivo, pero jamás imaginamos que el sector sería motivo de una intensa polémica.
Grupo asaz conservador, oficiantes del perfil discreto y devotos de la sobriedad, nuestra preocupación inicial era saber si aceptarían posar con el desenfado característico de Latitud 21, y, además, si estarían dispuestos a hacer públicos algunos rasgos de sus empresas.
Pero hete aquí que el gobernador Hendricks, un abogado que presumía de serlo, se despachó como ningún antecesor a la hora de repartir patentes (¿qué no habrá excepción en eso de enloquecer en el último año de gobierno?), violando hasta las normas que él mismo había impuesto.
Así, de repente recibieron nombramiento abogados que no tenían la edad legal, que no tenían el título, que no tenían la trayectoria (para no hablar de los méritos), y que ni siquiera respetaron los plazos vigentes para subastar su flamante patente al mejor postor (caso increíble de otro abogado que presume de serlo y que fue, nada menos, que el consultor jurídico de la pasada administración).
Esa fue la piedra de escándalo. Contra su natural reserva, los legatarios se opusieron al despropósito y, a través de su Colegio, ya llevan algunos meses en los tribunales tratando de revertir el atropello.
La controversia ha sacado a la luz algunas fallas estructurales del notariado mexicano. Uno puede entender que los fedatarios sean designados, al menos en teoría, entre los mejores abogados, aquéllos que tienen fama pública de rectitud y sapiencia. Pero uno no entiende por qué esos mismos abogados, si no quieren ejercer el cargo sí puedan en cambio rentar su patente, igualito que las placas de los taxis, cobrando por un trabajo que no hacen.
(En teoría está prohibido, pero hay un notario en Cancún que renta su patente desde el día que se la dieron, hace más de 20 años).
Y tampoco se entiende que puedan nombrar suplentes a sus cuates, a sus aliados políticos, como si el cargo fuera un título nobiliario y se pudiera heredar a discreción.
Por supuesto, lo que menos se entiende es que el Gobernador del Estado pueda ungir notario a quien se le dé la gana, y que no exista al menos un procedimiento de certificación obligatoria para que demuestren sus habilidades (Hendricks lo propuso, lo puso, y luego se lo pasó por el arco del triunfo).
Pese a todo, con algunas restricciones (no notarios suplentes, no notarios cuestionados), decidimos seguir adelante con la idea por una sencilla razón: los notarios se encuentran en la base de la pirámide económica, y de su actuación, de su honradez y su profesionalismo, depende uno de los elementos que consolidan el proceso productivo: la certidumbre jurídica.
Por desgracia, no pudimos meter a todos los que queríamos: unos estaban de viaje, otros difirieron demasiado las citas, otros se rehusaron a figurar. Pero todos los que aceptaron comparten una preocupación: la tenencia de la tierra en Quintana Roo es un campo plagado de trampas e  irregularidades.
En su día a día, nuestros notarios batallan con la doble titulación (si no es que triple o cuádruple), con las ventas simuladas, con las escrituras apócrifas, con el tráfico de derechos adquiridos, con las posesiones fingidas y con la corrupción endémica de muchas oficinas de gobierno.
Después de leer ese vía crucis, es muy fácil llegar a una conclusión: si quieres arriesgar tu dinero en Quintana Roo, ¡consíguete un buen notario!