A estas alturas, espero que ningún lector tenga la menor duda de que esta publicación es partidaria de la libre empresa.
Libre, pero no tan libre. A esa libertad hay que añadirle algunos atributos, como la responsabilidad social, el compromiso ambiental o la famosa sustentabilidad. Libre, sí, pero con visión de largo plazo, con vínculos comunitarios y sin riesgos para la localidad.
El problema es quién es el juez que determina esos parámetros.
Lo anterior viene a cuento porque en el horizonte cercano hay dos proyectos de gran envergadura que, con todo y ser legales y benéficos, van a despertar una acre polémica entre los diferentes actores sociales, y aun entre la misma iniciativa privada.
En primer término, el añejo proyecto de un oleoducto entre Puerto Morelos y el aeropuerto de Cancún, a efecto de proveer turbosina a la terminal aérea. A la fecha ese combustible se transporta por pipa desde Progreso, a un costo astronómico, tan alto que el precio final resulta prohibitivo y, salvo caso de extrema necesidad, las aeronaves jamás recargan en Cancún.
El proyecto de los inversores, la empresa europea Oil Tanking, consiste en construir una serie de tanques de almacenaje en Puerto Morelos, traer el combustible por barco desde Progreso y luego bombearlo por el ducto, abatiendo costos y logrando ofrecerlo a un precio competitivo.
Hasta ahí suena impecable. Pero un grupo de ambientalistas en Puerto Morelos, a quienes se ha sumado el empresario Julio Berdegué, propietario del hotel más grande de la zona, se oponen a ese esquema de tráfico, por considerar que la navegación de barcos petroleros implica un riesgo, así sea mínimo, para las costas de Quintana Roo.
El argumento reza: por mucho cuidado que tengan, no se puede descartar un accidente. Y un derrame de petróleo frente a las playas del Caribe Mexicano podría ser una catástrofe económica de proporciones apocalípticas, la quiebra del negocio del turismo durante meses o años.
La amenaza tiene tal contundencia que no sería extraño que la hotelería organizada terminara apoyando a los opositores.
Y hay un segundo proyecto que amenaza ser igualmente polémico, y que podría ser inminente. En días pasados la Semarnap nacional aprobó los estudios de impacto ambiental para la ampliación del muelle fiscal de Playa del Carmen, previamente autorizados por la SCT, para convertirlo en un port of call, o sea, un muelle capaz de recibir cruceros.
En total se van a construir 900 metros de muelle nuevo y, cuando esté terminado, la instalación será capaz de recibir hasta cuatro de los mega yates, lo cual podría significar el desembarco simultáneo de diez mil turistas.
El problema es que Playa del Carmen en su conjunto, pero en especial el área aledaña al muelle fiscal, no está diseñada para dar servicios eficientes, ya no digamos a diez mil turistas, ni siquiera a la décima parte. No existe en la zona el espacio suficiente para construir los servicios de tierra que requiere tal multitud, y mucho menos existe en kilómetros a la redonda un terreno donde se puedan estacionar los autobuses para moverlos.
Ante ese panorama, la empresa promotora ha manifestado, en cortito, que ese no es su problema, que ellos tienen la autorización de construir, que no necesitan licencia municipal (pues, a diferencia del home port de Xcaret, toda la obra se haría en zona federal), y que su intención es seguir adelante.
No se necesita ser un adivino para prever la clase de reacción que tendrán los hoteleros de la Riviera, ni el crucigrama político que tendrá que resolver el alcalde de Solidaridad.
Y es que una cosa es la libre empresa, otra muy distinta la libertina.