Vox populi, el veredicto en la calle es unánime: los permisos del Cabildo para seguir construyendo rascacielos en la Zona Hotelera sólo pueden explicarse como groseros actos de corrupción.

Tal vez no haya pruebas al respecto (nunca las hay) pero, en abono a la teoría de la sospecha, despierta cualquier cantidad de suspicacias que todos y cada uno de los últimos mandones de la ciudad hayan decidido enfrentar la crítica del público, extendiendo permisos de construcción a todas luces excesivos.

Carlos Cardín, contra la opinión de Desarrollo Urbano, autorizó con su firma tres pisos adicionales a los hoteles Palace.

Edmundo Fernández, también con su firma, decidió cambiar el uso del suelo para permitir la construcción de Plaza Forum.

Magaly Achach hizo otro tanto y cabildeó la construcción del Hard Rock Hotel, una mole de diez pisos en la zona de discotecas (aunque después reculó, cuando el inversionista no entregó el donativo acordado).

Y ni qué decir del escalofriante binomio Chacho-Canabal, en cuyo periodo las autorizaciones del Cabildo eran tan descaradas que tenían un precio de tabulador, tantos pisos, tantos pesos, con lo cual más de un hotelero, de esos que hoy se desgarran las vestiduras, pudo construir una nueva torre sin gastar un centavo en el terreno.

Claro, la responsabilidad es del Cabildo en pleno, pero la culpa histórica se la lleva el presidente municipal, y Francisco Alor, al convertirse en promotor directo y vehemente defensor de 20 torres con mil departamentos en Ruinas del Rey, no está más que haciendo honor a esta vocación de abuso e impunidad de los últimos alcaldes.

¿Qué hacer?

¿Cómo defender a la ciudad de estos gobernantes sin compromiso y sin palabra?

Hoy, la Zona Hotelera tiene 26 o 27 mil habitaciones, unas dos mil más de las previstas en el plan maestro original, pero aún faltan por desarrollar Puerto Cancún y la Tercera Etapa, que ya tienen densidades y usos de suelo aprobados. Eso nos va a llevar a 35 mil, más o menos, pero si los siguientes alcaldes no meten el freno, podríamos terminar con un amasijo de ¿40 mil?, ¿50 mil?, ¿60 mil llaves turísticas?

¿Cuál sería el límite?

A mí la respuesta me parece obvia: tantos como permita la infraestructura de apoyo.

Si construimos los puentes sobre la laguna, si metemos un buen sistema de transporte colectivo (terrestre y náutico), si regeneramos las zonas degradadas (como Punta Cancún), si aumentamos los cajones de estacionamiento, si rescatamos las áreas verdes, si abatimos la contaminación visual y el ruido, si mantenemos la integridad de las playas, o sea, si encontramos la fórmula para que la Zona Hotelera vuelva a funcionar con eficacia, ahí tendríamos el límite perfecto.

Pero nada de eso está sucediendo.

Lo único que sucede es que cada trienio el Cabildo en turno autoriza mayores densidades, los periódicos lo denuncian, la ciudadanía protesta y se inconforma, el alcalde se sienta en su macho (y a lo mejor se forra), y luego no pasa nada.

(Bueno, sí pasa: cada día estamos más cerca del colapso).
Desde su origen, las autoridades federales siempre han sostenido que no pueden soltar Cancún porque, en materia de desarrollo urbano y ecología, los gobiernos de la ciudad son muy manga ancha, muy poco serios, y tal vez muy uñas largas.

Eso es indignante.

Tan indignante como sospechar, cada trienio, que tal vez tienen toda la razón.