El sector empresarial entrega al Congreso del Estado borrador de una iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública, que faculta a los ciudadanos a exigir a las autoridades información sobre sus labores y sobre el uso de los recursos públicos

La última semana del mes de abril, en las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo, tuvo lugar una ceremonia que podría calificarse como un signo de los tiempos: en representación de la sociedad civil, un grupo de ciudadanos entregó al líder del Congreso del Estado, el diputado Javier Cetina, el borrador de una iniciativa de ley, con la petición de que sea dictaminada y aprobada a la brevedad posible.
El encuentro podría tener carácter rutinario si no fuera por dos circunstancias. Primera, por el espíritu que anima el documento, pues se trata de la Ley de Acceso a la Información Pública, mejor conocida como la Ley de transparencia, que prácticamente faculta a los ciudadanos comunes a exigir a las autoridades información sobre sus labores y, más importante aún, sobre el uso de los recursos públicos, incluyendo el monto de las percepciones de los funcionarios.
Y el otro aspecto es igualmente relevante: por primera vez en la historia de Quintana Roo, la iniciativa partió en origen del sector empresarial, que, en labor de cabildeo, fue ganando adeptos entre los militantes de la sociedad civil, hasta convertirse en una corriente unánime de opinión pública. En ese contexto, la presentación del documento corrió a cargo del director del periódico Novedades, Andrés García Gamboa, el más sólido promotor de la iniciativa durante el proceso de elaboración, secundado por los líderes de las cúpulas empresariales de Cancún, Orlando Arroyo Marroquín, y de Chetumal, Mario Rendón Monforte.
La propuesta, cuya redacción fue supervisada por el comunicólogo Ernesto Villanueva, resume en 29 artículos los mecanismos que obligarán a las autoridades a exhibir su modus operandi, y es diáfana desde el principio, pues el mismísimo artículo tres señala que el principio fundamental que anima la ley es "la máxima transparencia de la función pública".
La información pública, dice la iniciativa, se considera un bien público de la sociedad quintanarroense. En tal virtud, las autoridades deberán garantizar el acceso de la ciudadanía a la misma.
En uno de los artículos que quizás mayor resistencia generen, la propuesta indica que se hará del conocimiento público "la remuneración mensual por puesto, total y desglosada, incluyendo el sistema de compensación" que, como se sabe, representa el grueso de los ingresos de los funcionarios de alto nivel.
Asimismo, el ordenamiento prevé que deberán producirse informes "sobre los destinatarios de toda entrega de recursos públicos, los soportes de todo tipo de auditorías, y los balances generales y su estado financiero". En una entidad en la que las principales empresas paraestatales, como Capa y Fidecaribe, ni siquiera dan a conocer el monto de su presupuesto, ya no digamos cómo obtienen sus ingresos y cómo los gastan, tanto detalle puede resultar muy indigesto.
Desde luego, la ley también contempla información que no puede no hacerse pública, ya sea porque pone en riesgo la seguridad del estado, porque complica las investigaciones policíacas, porque afecta los juicios en proceso, o simplemente porque pone en riesgo la realización de algún proyecto. Ese tipo de información, que la ley califica en dos categorías, reservada y confidencial, podría ser un obstáculo serio para cumplir los objetivos de todo el ordenamiento.
Como sea, para evitar abusos, la ley concede la facultad de interpretarla a una Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, integrado por tres comisionados, que tendrán el mismo sueldo que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia (que, hoy por hoy, nadie sabe cuánto gana). Tal Comisión la nombrará el Congreso, a propuesta del gobernador, y durará siete años en su encargo, que podrán duplicarse con un segundo periodo.
Por último, la iniciativa contempla como delito "usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente, la información que se encuentre bajo la custodia de un servidor público", lo cual en las circunstancias actuales convertirá en delincuente a casi todo funcionario, pues la práctica de alterar los archivos antes de entregarlos es, desde hace muchas administraciones, una conducta habitual.
¿Consumado el trámite de la entrega, la ley de transparencia quedará ahora en manos del Congreso, que tan sólo tendrá una oportunidad de aprobarla: el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre y concluye en diciembre, pues en marzo del año próximo entrará en funciones la siguiente Legislatura (en el periodo actual, que concluye en unas semanas, se antoja imposible que tan siquiera sea dictaminada). Y habría que ver también que el momento no parece el más adecuado para promover una iniciativa semejante, pues se da en las postrimerías de un gobierno que se va (y que, como cualquier gobierno, tendría algunas cosas que preferiría velar).
Como sea, signo de los tiempos, iniciativa de inspiración y patrocinio empresarial, es cuestión de tiempo que una ley de transparencia entre en vigor en Quintana Roo, porque más allá de sus promotores la causa es perfectamente justa: los gobiernos deben servir a los pueblos, y no a la inversa.

Concepto innovador en centros comerciales, con una mezcla de giros pensados para servir de esparcimiento a niños, jóvenes y adultos en un ambiente cómodo y moderno

Dentro del pujante crecimiento de este destino turístico, que continúa desarrollándose de forma incesante, surge el interés de inversionistas privados por brindar un espacio diferente, moderno y cómodo donde ofrecer moda, diversión, arte, gastronomía, salud y entretenimiento sin ir muy lejos, en un proyecto que lleva por nombre Nayandéi.

José Carlos Ornelas Fernández, director general de Domus Grupo Inmobiliario, explica que Nayandéi es un concepto de entretenimiento innovador que tendrá vida durante el día y la noche, ofreciendo espacios amplios y modernos con diversidad de giros para todas las edades y gustos.

Este nuevo espacio se materializa en la Avenida Bonampak No. 200, en el vértice de la ciudad y la zona turística de Cancún, habiendo iniciado su construcción en julio del año pasado y contemplándose su inauguración para otoño de 2004; mientras que para julio y agosto se espera la apertura del edificio corporativo.

El Complejo Nayandéi fue concebido por Jafif-Levy Arquitectos y RM Arquitectos, que han desarrollador proyectos como La Piazza y Nayandéi en Plaza Santa Fe en la Ciudad de México.
En este ambicioso proyecto se han invertido aproximadamente 80 millones de pesos, incluyendo la adquisición del terreno, provenientes de inversionistas nacionales.

"Como grupo comercializador nos hemos dado a la tarea de hacer proyectos arquitectónicos para cubrir las necesidades de Cancún. Se nos acercan grupos de inversionistas que siempre preguntan qué hacer o qué desarrollar, por ello los asesoramos, logrando cosas interesantes y transformando la imagen de la ciudad con nuevos edificios, como el Pabellón Caribe en la Sm. 19, el Centro Corporativo en la Av. Tulum", indica Ornelas Fernández .

El director general de Domus Grupo Inmobiliario explica que la idea de crear este concepto tiene como finalidad atender nichos de mercado que no se ofertan en la actualidad en ninguno de los 19 centros comerciales que existen en el destino, tanto en la Zona Hotelera como en el propio centro de la ciudad.
Asegura que Nayandéi dista mucho de ser un centro comercial tradicional, ya que es un centro que incluye restaurantes, bares, boutiques, espacios infantiles, bancos -que estarán ubicados en 27 locales comerciales en renta con doble altura-, mezanine y algunos de ellos con terraza.
También contará con cinco locales de conveniencia, un edificio de oficinas corporativas con tres mil 88 m2 de áreas rentables y 291 cajones de estacionamiento, 200 de los cuales son techados y 91 al aire libre.

El director general del grupo inmobiliario explica que también contará con dos motor lobby's para dar servicio de valet parking, un elevador con capacidad para 13 personas que comunicará el estacionamiento cubierto con la plaza central del edificio, así como sanitarios comunes para hombres y mujeres visitantes, ubicados estratégicamente.

En cuanto a los empleos que está generando esta obra, Ornelas reporta 600 indirectos y alrededor de mil 200 cuando el centro entre en operaciónes; tan sólo en las oficinas corporativas estarán trabajando 800 personas.
Los inversionistas se han preocupado por garantizar que la derrama económica que dejen sus proyectos se quede dentro de la misma ciudad donde se construyen, por lo cual buscan contratar a compañías cancunenses, desde la comercializadora, Grupo Domus; las constructoras, Grupo Ritco y Caribe Construcciones, así como proveedores que suministran los materiales y equipos, lo que significa que Cancún se encuentra en servicios y proveduría a la altura de la mayoría de los registrados en las principales ciudades de la República Mexicana. (Maricruz Cabello).