Perdió Quintana Roo, se lamentaron los promotores del homeport de Xcaret, al anunciar la cancelación del proyecto.
Colorín colorado, el homeport se ha terminado, festinaron los opositores al puerto, eufóricos por la victoria.
Los medios de comunicación se encargaron de propalar los clamores de triunfo y de derrota, y en justicia a ellos les correspondía, pues la guerra del homeport no tuvo otro campo de batalla que los periódicos y la televisión. Aquí los combates se libraron en conferencias de prensa, las ofensivas fueron de declaraciones, las armas tácticas se fabricaron con páginas web y se impuso la supremacía de la propaganda.
En un país que se supone de leyes, aquí no hubo juicio, ni jurado, ni juez.
Hubo una feroz batalla de opinión pública y prevaleció el bando mejor armado, el más agresivo, y, sin duda alguna, el más astuto.
Pero Xcaret no se puede quejar, porque aceptó combatir en un campo minado. Teniendo la razón jurídica, contando con los permisos federales, siendo proyecto legítimo y legal, nunca buscó el amparo de los tribunales. Inexplicablemente, prefirió litigar en debates tumultuosos, en un ambiente viciado por los reflectores y los micrófonos. Sus razones habrán tenido...
(En sentido contrario, el grupo opositor sí que trató de vulnerar la legalidad del proyecto, alegando que destruía el arrecife, que violentaba el uso del suelo, que era competencia desleal, y hasta que constituía un monopolio, sin que ninguna de esas demandas progresara).
¿Habrá un homeport en el futuro de Quintana Roo?
Vaya usted a saber.
Tendría que haber un valiente muy valiente, sobre todo considerando la decepcionante actuación de las autoridades. Porque, más allá de simpatías y antipatías, más allá de estar a favor o estar en contra, si algo quedó claro en este asunto es el olímpico desprecio que siente el gobierno por la seguridad jurídica.
Sin ninguna atribución legal, el cabildo de Solidaridad condicionó un proyecto que cumplía con la normatividad, lo sometió al arbitraje de un tercero (el estudio del ITAM), lo desacreditó en consultas públicas, y al final, le impuso un gravamen tan inexistente como abusivo (de 30 dólares por pasajero, pero es el mismo caso si hubieran sido 2 o 100), un impuesto que no existe ni en iniciativa, que el municipio no está facultado para cobrar, ni es materia para el Congreso estatal, ni se discute en el Congreso federal.
En términos empresariales, ese es un antecedente muy peligroso, porque equivale a aceptar que un ayuntamiento puede parar cualquier proyecto (no sólo el homeport, sino cualquier proyecto), en base a una ley que todavía no existe.
Motor de tanto desatino, el alcalde Gabriel Mendicuti todavía remató diciendo que a Solidaridad le sobran inversiones y le recomendó al secretario de Turismo, Artemio Santos, que dejara de pensar como empresario y empezara a actuar como funcionario, lo cual sin duda implica cierta dosis de arbitrariedad.
Y es que, a partir del melodrama del homeport, un proyecto de 80 millones de dólares que se canceló por la falta de una licencia municipal, me parece pertinente plantear una pregunta obvia: en nuestra flamante democracia, ¿puede un alcalde caprichoso detener un negocio legítimo sin más argumentos que la demagogia y la prepotencia?