En 1968 el Banco de México, buscando estrategias y acciones para concretar los objetivos de generar empleo, captar divisas por turismo como una forma de compensar la balanza comercial y lograr un desarrollo más equilibrado de algunas regiones del país -metas que por cierto coinciden con las de la presente administración federal- planteó la creación de un fideicomiso para el desarrollo de infraestructura turística, con el propósito de crear polos de desarrollo en algunas playas de las costas mexicanas que permitieran lograr los objetivos antes mencionados.
Es así como en mayo de 1969 queda constituido el fideicomiso denominado Fondo de Infraestructura para el Desarrollo Turístico (Infratur). En ese mismo año se elabora la primera versión del plan maestro de Cancún, con una inversión del orden de 40 millones de dólares; se tramita ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un crédito por aproximadamente 20 millones de dólares para financiar el 50% de la primera etapa de Cancún. Por su parte, el gobierno federal aportó el otro 50%, para ejecutar esta etapa, y con esta decisión arrancó su desarrollo con los resultados que ya todos conocemos, como es una población de 750 mil habitantes, más de 350 mil fuentes de empleo, una población flotante de más de 60 mil personas diarias, y por si fuera poco actualmente Cancún está captando casi el 30% de las divisas que ingresan a México por turismo extranjero.
La pregunta es si a la luz de estos resultados no se ve la conveniencia de apostarle al sector turismo.

Actualmente México vive una nueva etapa con una buena democracia, con alternancia de partidos en el poder, y la pregunta es si el precio que se está pagando por ello es el adecuado.
Vemos con tristeza, por ejemplo, que sólo la precampaña del PAN tenía presupuestado un costo de 350 mdp, casi lo que costó la primera etapa de Cancún, y que al final de las elecciones de julio de 2006 se estima que el financiamiento de las precampañas y campañas de los candidatos de los diferentes partidos alcanzaron la cantidad de seis mil millones de pesos, con una modalidad que se acerca mucho a la comercialización de un producto.
Por otro lado, vemos ahora cómo personas que no tenían ningún peso político se logran introducir en el escenario nacional a base de publicidad que cuesta mucho dinero, y en la mayoría de los casos sin muchos méritos propios, y me pregunto si el precio de la fama para lograr que estas personas se conviertan en políticos vale la pena en un momento en que México atraviesa por una coyuntura en donde lo que necesitamos es precisamente generar empleos, captar divisas y lograr un beneficio social a la población marginada.
Asimismo vemos con tristeza cómo los presupuestos federal y estatales para invertir en sectores productivos, como sería el caso del turismo, siempre van a la baja, y es ahí donde me pregunto si vamos por el camino correcto o si hemos caído en una competencia comercial en donde el costo de la promoción de los presidentes municipales, de los gobernadores de los estados, del Presidente de la República, de los diputados y de los senadores se justifica a la luz de los requerimientos de recursos que un país como México necesita.