Lenta, amarga, dolorosamente, los limpios aires del Caribe mexicano se están transformando en una atmósfera asfixiante.
La ejecución del comandante civil del aeropuerto, José Luis Soladana, sólo se puede narrar con una sensación de ahogo, como un episodio de un pueblo que se ha quedado sin ley.
Espectador feliz en un partido del Atlante, rodeado de esposa e hijas, departiendo con los amigos del palco, recibe una llamada telefónica de alguien que se encontraba dentro del estadio. Se ubican a la distancia, se saludan de lejos. Otra llamada telefónica (¿del mismo interlocutor?), a la mitad del partido, lo impulsa a abandonar su asiento. Ahorita regreso, promete.
Pero no regresa. De hecho ni siquiera sus vecinos se dan cuenta, confiados que se habrá sentado en otra parte, que estará instalado en los pasillos, tal vez bebiendo cerveza, sin duda disfrutando la goliza. Reparan en su ausencia a la hora de partir, porque el grupo ha llegado junto, en vehículo compartido. Aún así no se preocupan, algo le habrá salido en el aeropuerto, razonan.
Noche larga para la familia, que termina con una pesadilla: su cuerpo sin vida, acribillado a balazos, aparece por los rumbos de Playa del Carmen.
Las autoridades, como siempre, dicen que van a investigar a fondo. Promesa hueca, confesión anticipada de ineptitud…
Soladana era un hombre inmenso, gigantesco, de esos que le calculas ciento cincuenta kilos, imposible de pasar desapercibido. Además, era un personaje conocido, que saludaba gente por montones. Y ahí, ante miles de testigos presenciales, entre cientos de policías de guardia, se desvaneció. Nadie lo vio salir, cruzar los controles en sentido contrario, acudir a un encuentro, subirse a un vehículo.
En un estadio custodiado por cientos de policías, ninguno vio nada sospechoso.
La pregunta es inevitable, ¿de verdad son tan inútiles? A esos llamados guardianes del orden, ¿cómo puede explicarse que una conducta tan atípica no les despierte curiosidad, no les llame la atención?
Un periódico dice que en Quintana Roo ya van más de treinta ejecuciones en lo que va del año.
Otro dice que ya rebasamos las cuarenta.
Pero la cifra escalofriante está del otro lado: no hay sospechosos, no hay detenidos, no hay culpables.
El gobierno mexicano, en todos sus niveles, no está cumpliendo con el mandato fundamental de darnos seguridad.
A la luz de las estadísticas, las policías que operan en el estado sirven para hacer vallas, para participar en los desfiles, para andar de escoltas y de choferes, para montar kilométricos retenes en la carretera, pero no para resolver crímenes.
En realidad, la discusión sobre si el narco tiene infiltrado el aeropuerto es ociosa, porque Soladana puede haber muerto de cualquier cosa, de un lío de faldas, de un incidente de tránsito, de una deuda de juego, de un pleito de callejón, de sus relaciones con la mafia, o lo que es peor, de ser un funcionario probo y honesto. Eso nunca lo sabremos, porque las probabilidades de aclarar su asesinato son nulas.
Lo que sí vamos comprendiendo lenta, amarga, dolorosamente, es que, en este país, ya es cosa normal resolver los conflictos a balazos.
Y no pasa nada…
Como en el viejo Oeste, como en las películas de vaqueros, lo que impera en el Quintana Roo del Siglo Veintiuno es la ley del revólver.