¿Por qué un político joven y ambicioso, que se supone inteligente, que se supone talentoso, le apuesta de repente a la resbaladiza popularidad del escándalo? ¿Por qué un cuadro tan prometedor deja de lado la prudencia e inicia una cruzada populista, no exenta de prepotencia y demagogia? ¿Por qué ese empeño en mostrar poderío, en crear incertidumbre jurídica, en espantar inversionistas?
No encuentro otra manera de calificar la reciente actuación de Carlos Hernández, político joven y ambicioso, para más señas alcalde de Cozumel. Decidido a cobrar el predial de Xel-Há, el edil perdió la cualidad más apreciada en un poderoso: la serenidad.
Veamos las cosas en su justa perspectiva. En 1995, el Grupo Xcaret, con el nombre de Promotora Xel-Há, suscribe un fideicomiso con el Gobierno del Estado para explotar la célebre caleta. En el contrato, no una, sino dos veces, queda asentado a la letra que le toca al Gobierno “mantener al día las contribuciones relativas al impuesto predial y los derechos por uso de la zona federal marítimo-terrestre”.
Pero el gobierno nunca paga, en apego a la filosofía del más grandote. En nuestro peculiar sistema tributario, es costumbre (y muchas veces ley), que Federación y estados no paguen impuestos municipales. ¿Sabía usted, por ejemplo, que Pemex y la CFE, que son empresas, están exentas de ese gravamen? ¿Sabía usted que tampoco lo paga Telmex, rémora de cuando era monopolio estatal? Y aquí en la localidad es famoso el caso de Fonatur y su disputa con el gobierno verde.
Cozumel, con todo derecho, pretendía cobrar su predial, pero gestiones de años resultaron infructuosas. Y entonces, ¡vaya lógica!, el alcalde se deja ir contra la empresa que opera el parque. Primero los requirió, pero se ampararon. Luego amenazó con la clausura, por ahí de principios de año.
Esa arremetida tuvo sus consecuencias. La empresa se asustó y aceptó firmar un convenio para pagar el predial por cuenta de Fidecaribe, el deudor real (un acuerdo que promovió y avaló un abogado muy influyente, léase Joaquín Hendricks). Pero Fidecaribe, que trae ganas de cancelar la concesión, declaró nulo el convenio. La empresa suspendió los pagos y Hernández cumplió sus amenazas: clausuró, en el clímax de la temporada turística, como para asegurarse que todo México se iba a enterar del incidente.
¿Tendrá idea el alcalde del mensaje que está mandando? ¿Será consciente de su generosa contribución al ambiente de incertidumbre jurídica que campea en Quintana Roo? ¿Suena lógico que una empresa se tenga que amparar ¡siete veces! para seguir operando?
No tengo respuestas para esas preguntas, pero se me ocurren otras…
¿Dónde está la respuesta de la iniciativa privada? ¿Para qué sirven los consejos coordinadores y los organismos cúpula, si no reaccionan ante un atropello de este tamaño? ¿Será que su misión consiste en desayunar en bolita y salir en la foto?
El gobierno cambió, pero el país no. Todavía nos paraliza, todavía pensamos en términos de papá gobierno, todavía el cambio está a años luz de distancia…