Es difícil que alguien se fije en Latinoamérica. No hay en la región “estados paria”. Ningún país latinoamericano ha sido nombrado hasta ahora parte del Eje del Mal. Y Latinoamérica no tiene de inmediato ningún país que califique como candidato a poder mundial.
Como ocurrió durante la Guerra Fría -cuando Washington, los medios de comunicación estadounidenses y el público de EU prestaban poca atención a Latinoamérica y el Caribe, o se enfocaban en la región sólo a través del lente distorsionador de la rivalidad bipolar- de igual manera se hace caso omiso a Latinoamérica hoy en día, siempre “la tierra del mañana”.
El único país latinoamericano que recibió considerable atención el año pasado es Colombia, debido precisamente a que su hábil embajador en Washington y su dinámico nuevo presidente han logrado representar la situación del país como desoladora -a través de falsedades principalmente- debido al terrorismo internacional, tema álgido para la Administración Bush, que impele al gobierno estadounidense a actuar.
Se tiende a pasar por alto a Latinoamérica por dos razones principales: el cambio en el enfoque de EU después de los ataques terroristas del 11 de septiembre y la impresión general en círculos políticos de que Latinoamérica es una región “segura”, que no debería causar problemas.
En años recientes se ha puesto de moda enfatizar cuánto han cambiado las Américas desde los años 80: el mayor número de gobiernos democráticos y la tendencia a proteger los derechos humanos; las reformas hacia la economía de mercado, incluyendo la liberalización del comercio, la privatización y la búsqueda de inversiones extranjeras; y la amplia disposición existente en Latinoamérica a abandonar la confrontación con EU y optar por la cooperación interamericana.
Cierto es que estos cambios han ocurrido, al menos limitadamente, y sí son importantes. Pero hablar de “progreso” en Latinoamérica es algo así como seguir bailando después que se acabó la música.
La región está tambaleándose. La economía de casi todas sus naciones se ha contraído, y en varias se nota marcadamente el declive del ingreso per cápita. Las instituciones políticas están erosionándose. La pobreza crece, se amplía la brecha de la desigualdad y la emigración se ha disparado vertiginosamente.
Latinoamérica está lejos de ser hoy en día la región próspera, pacífica, estable y amistosa que -desde el punto de vista estadounidense- emergió en los 90’s para ser descrita como un imperativo estratégico para EU. Esa Latinoamérica -de rápido crecimiento, cada vez más democrática, abierta a la inversión extranjera y en general cooperadora- está desapareciendo.
En Argentina se ha dado en los últimos años un fenómeno de implosión. El Producto Nacional Bruto (GDP) per cápita se redujo en un 12% en 2001 y otro 12% en 2002; un proceso de recuperación inicial en 2003 sigue anémico. El peso, por muchos años ligado al dólar y en paridad con él, ha perdido el 75% de su valor, arrasando con los ahorros de una generación. El desempleo está al menos al 20% y más del 50% de los argentinos viven por debajo del nivel oficial de la pobreza, esto en el que solía ser el más rico país latinoamericano. El malestar social es palpable, con disturbios urbanos, saqueo de supermercados y un incremento atemorizador en el crimen violento. Argentina, el país con mayor clase media junto con Uruguay, ha experimentado la rápida depauperación de la clase media y el incremento alarmante del miedo y la furia.
Venezuela también está metida en graves problemas. El presidente Hugo Chávez se aferra al poder, pero la oposición organizada es numerosa, audaz y vociferante, además de dispuesta a sacarlo del poder aparentemente. El país, considerado una isla de estabilidad democrática en Sudamérica hace 20 años, sufre ahora de gran desestabilidad; tiene que escoger entre un caudillo de tendencias autoritarias elegido por el pueblo, y una oposición movilizada y evidentemente deseosa de usar medios extraconstitucionales para derrocarlo. Su economía, que por casi 25 años estuvo estancada, se aproxima al colapso.
¿En qué afecta la crisis de Latinoamérica a Estados Unidos? Dada la relativa falta de poder -económico y militar- del continente latinoamericano, ¿nos importa realmente a los estadounidenses lo que le pase a Latinoamérica o debemos optar por la “negligencia benévola” como actitud más sensata? Latinoamérica es mucho más importante para EU de lo que se suele pensar y ello por cinco razones principales: una recesión prolongada en esta región haría que se redujeran drásticamente las exportaciones estadounidenses, que en este sector latinoamericano llevan una década de rápido crecimiento. La recesión

económica de Latinoamérica ya está mermando severamente las reservas y ahorros de entidades bancarias y corporativas en EU.

Si EU sigue una política inteligente con Latinoamérica eso le valdrá mucho en varios campos, pero los cambios necesarios no se efectuarán hasta que el Coloso del Norte pondere de una vez por qué esta región tumultuosa es tan importante para él.

Latinoamérica -especialmente México, Venezuela y Colombia- provee gran parte de la electricidad que EU importa. La inestabilidad y radicalización severas de la región podrían intensificar la inestabilidad del suministro de energía eléctrica.
Se requiere de la cooperación de esta región para enfrentar asuntos arduos -el narcotráfico, el calentamiento del planeta o el efecto invernadero, la protección global del medio ambiente, la lucha contra las enfermedades infecciosas- que EU no puede resolver solo.
Las condiciones del área determinarán el alcance numérico de la inmigración a EU y el ritmo de llegada de los nuevos inmigrantes, con o sin documentos. Los desastres económicos y políticos de Latinoamérica y el Caribe pondrán intensa presión sobre las fronteras de EU.
Nuestros vecinos más cercanos -cada vez más ligados a nosotros por la creciente diáspora latinoamericana y caribeña en EU- son un importante terreno de prueba para nuestros valores e ideales más apreciados: el gobierno democrático, la protección de los derechos humanos individuales y los beneficios del libre mercado. Si se derrumban los gobiernos democráticos y las economías de mercado en Latinoamérica, el modelo que Washington favorece se verá seriamente amenazado. El tipo de mundo por el que nos preparamos a luchar en Irak podría venirse abajo sin un solo disparo en Latinoamérica, que hasta ahora es el mejor candidato del Tercer Mundo por realizar una transición exitosa hacia el orden que nosotros preferimos.
¿Qué debe hacerse?
EU necesita ofrecer cooperación clave de modo consistente a Latinoamérica, en vez de una combinación de letanías sobre el libre mercado -con un proteccionismo flagrante de parte nuestra- que constituyen la llamada política económica de EU en América. Mientras nosotros, en EU, nos apresuramos a apremiar a países como Brasil, México, Gran Bretaña y Japón a que sean líderes y visionarios generosos, otra prédica muy distinta dedicamos a los países latinoamericanos a los que instamos a que acepten acuerdos de “libre comercio” que convienen a EU principalmente, y aplicamos nuestro proteccionismo en forma de “excepciones” y subsidios a nuestros productos agrícolas, textiles, aceros, aviones comerciales y camiones.
Nuestra política económica ha de ser coherente y percatarse de que las fórmulas de “talla única” no funcionan; ha de diseñarse una política innovadora y de cooperación combinada con mecanismos de mercado, con la equidad como norte.
También es menester que nos enfoquemos en las necesidades especiales de nuestros vecinos más cercanos en el Caribe y Centroamérica. Estos son los países más interconectados con EU mediante el comercio, las finanzas, el turismo, la migración y las remesas. Entre EU y estos países surgen asuntos que combinan el ámbito doméstico y el internacional, haciéndolos casi inseparables.
Es crucial para EU que participe de una manera positiva y creativa en la dinámica latinoamericana, en particular con el nuevo liderazgo establecido en Brasil, un mega país cuya gran influencia sigue creciendo. La manera en que se desempeñen Brasil y Lula, su presidente, ejercerá una influencia decisiva sobre la futura cooperación entre Latinoamérica y EU para la creación de un área de libre comercio o, por oposición, una vuelta a la vieja confrontación del Tercer Mundo con EU, como en los 70’s.
Si EU sigue una política inteligente con Latinoamérica eso le valdrá mucho en varios campos, pero los cambios necesarios no se efectuarán hasta que el Coloso del Norte pondere de una vez por qué esta región tumultuosa es tan importante para él.

*Abraham F. Lowenthal es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California y presidente fundador del Pacific Council on International Policy de Los Angeles.

La última vez que viajé a México presencié el fin de una dictablanda de partido; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió contra la Alianza Fox, fundamentalmente apoyada por el Partido Acción Nacional (PAN). Habían sido 72 años de predominio, sólo superado en el siglo XX por la dictadura comunista en la Unión Soviética (1917-1991). Sin embargo, los priístas mantuvieron el control del Senado, y determinaron que Vicente Fox no pudiera realizar un gobierno enérgico, como generalmente acostumbran a hacer los presidentes mexicanos, desde la residencia imperial azteca en Los Pinos. Hubieran podido presionar algo más el actual presidente de México y los panistas, de haber obtenido el control del Congreso en las elecciones del 6 de julio pasado. Pero eso no estaba escrito.
Por lo tanto, previendo lo que iba a ocurrir, me concentré en examinar el quo vadis de la economía mexicana. Supuestamente el crecimiento económico de ese país fue muy rápido durante la posguerra (1945-1976), hasta que comenzó a trabarse en un mar de importaciones, facilitado por el tipo de cambio fijo, tradicionalmente mantenido entonces en México, de 12.5 pesos (antiguos) por dólar. Aún recuerdo cuando presenté uno de mis primeros trabajos sobre niveles de precios, aprovechando una reunión de bancos centrales de este hemisferio, para 1973, en que apunté la sobrevaluación del peso, ante el horror de mis colegas mexicanos. Tres años después esta moneda se despeñaría en nuevos (miles de antiguos) pesos, para no volver jamás. Agotado el proceso de sustitución de importaciones a través de medidas arancelarias, cuotas y otras limitaciones cuantitativas, porque demandaba más divisas de las que ahorraba, México volteó sus ojos al petróleo.
Nadie creería que a comienzos del siglo XIX este poderoso producto era conocido como el ''estiércol del diablo'', mientras que el azúcar tenía el mote de ''oro blanco''. No en balde Cuba fue, según Hugh Thomas, la colonia más rica de aquellos tiempos. Hoy en día sabemos que el petróleo es oro negro, y ni digamos del azúcar. Como en una inspiración de sor Juana Inés de la Cruz, México descubrió que podía exportar productos petrolíferos. Por qué lo dejó de hacer después de la nacionalización de las empresas extranjeras (El Águila, Huasteca) en 1938, es todavía un misterio de la fe para mí.

Desde 1976 los mexicanos volvieron a depender prodigiosamente de sus producciones primarias, como antaño. Las exportaciones de petróleo resultaron billonarias. Pero lo más importante es su aporte fiscal. Los costos promedio del crudo mexicano (maya, istmo, olmeca) oscilan entre $2 y $3 por barril, y los precios son alrededor de diez veces más. Ganancias algo menores, pero aún pingües, se obtienen en las ventas internas, donde el monopolio Pemex vende la gasolina más cara que en Estados Unidos. Idem podemos decir de los amplios recursos gasíferos aliados al oro negro. Total: si sumamos todos los impuestos, derechos, afectaciones, etc., relacionadas con estos productos, nos encontramos con que ascienden al 40% de las recaudaciones fiscales.
México ha sabido complementar esta fortaleza intrínseca de su economía con el ensamblaje industrial (maquila). En contraste con el petróleo, el gas y la energía, que se concentran grandemente en el sur, las maquiladoras se establecen predominantemente en el norte. Esta actividad genera exportaciones mayores de los $60,000 millones al año y ha impulsado la exportación total de la nación a niveles de alrededor de $160,000 millones, que están entre los mayores del mundo. Gracias a los productos energéticos y a la industria de la maquila, la economía mexicana es actualmente la octava mayor del mundo, y la única latinoamericana miembro de la OCDE (el club de los ricos). Pero en contraste con el petróleo y sus derivados, y el gas, que dejan amplios márgenes para el pago a los recursos internos y al gobierno, la maquilación es exigua en estos valores agregados (o añadidos) que retiene el país.
Por ello casi a la mitad del sexenio de Fox, el debate mexicano se ha volcado sobre la cuestión económica. El TLCAN, vocablo que parece náhuatl y significa Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se ha puesto en cuestionamiento. El ser humano más rico de México (y Latinoamérica), Carlos Slim, en declaraciones públicas recientes ha dicho que el modelo económico mexicano debe ser revisado. Al paso le han salido Fox y su Secretaría de Hacienda, cuyo subsecretario afirmó que su apellido era neoliberal. Total, que la recta final hacia la meta de la próxima elección presidencial, promete ser apasionante.

*Jorge Salazar Carrillo es profesor y director en el Departamento de Economía, Florida International University e investigador senior no residente de Brookings Institution, Washington D.C.

Dice un viejo refrán que guerra avisada no mata soldado, pero si los gobernantes de Centroamérica finalmente suscriben un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, a pesar de conocer la amarga experiencia de México en ese sentido y los reclamos de los pueblos opuestos al proyecto, sentirán el sabor amargo de saber pisoteada su soberanía, que es igual a morir.
Cinco rondas de negociaciones se han efectuado, de un total de nueve previstas antes de concretarse el acuerdo a fines de este año, según los planes de Washington.
La última de estas conversaciones concluyó hace pocos días en Tegucigalpa, Honduras, en medio de protestas populares de rechazo a un tratado que busca convertir a los países del área en un paraíso para el capital y en un infierno para los pueblos, a decir de Carlos Reyes, líder del Bloque Popular (BP), que integran más de 30 organizaciones sociales y sindicales hondureñas opuestas al TLC.
En esta última cita, Estados Unidos dejó claro que dialogará con Centroamérica como un bloque y no por separado con cada país, después de que el grupo dejara traslucir sus diferencias internas respecto a la propuesta a presentar a Washington sobre los productos de acceso al mercado del gigantesco país sin aranceles.
De cualquier manera, las negociaciones avanzan con la mantenida disposición de los gobiernos centroamericanos de echar a andar una maquinaria que, según renombrados economistas, aplastará sus economías nacionales, en franca desventaja con la primera economía mundial.

La experiencia mexicana

En México, donde el 20% de la población económicamente activa de casi 39 millones de personas se ubica en el sector agropecuario, ese renglón desempeña un papel primordial en la economía nacional.
Sin embargo, desde que en 1994 México se unió comercialmente a Estados Unidos y Canadá mediante el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), casi ocho millones de personas, la mayoría campesinos pobres que dependen de la agricultura para sobrevivir, son testigos de un deterioro paulatino de ese sector, en detrimento de su calidad de vida, mientras, por el contrario, unas cuantas transnacionales del agro acumulan millonarias ganancias.
Antes de firmarse ese convenio, que hoy Estados Unidos pretende extender con su proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los agricultores mexicanos sintieron en los años ochenta los efectos de las primeras medidas neoliberales aplicadas al campo, como parte de la política de ajuste impuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para superar la crisis financiera del país.
Los primeros síntomas del debilitamiento de la producción nacional se hicieron notar con el ingreso de México al Acuerdo General sobre

Comercio y Tarifas (GATT) en 1986, que dio luz verde a la apertura comercial, extendida con la puesta en marcha del TLCAN.
Las cifras advierten sobre lo que ha significado ese acuerdo para México, casi 10 años después de su introducción: de país exportador se convirtió en importador de productos cultivados tradicionalmente, como el frijol y el maíz, este último principal alimento de la población, y del que se adquirieron en el extranjero cerca de seis millones 150 mil toneladas en el 2001.
En los primeros ocho años de existencia del TLCAN, México duplicó sus importaciones agrícolas y ganaderas de 2,9 mil millones de dólares a 4,2 mil millones; incrementó en un 44% sus compras de productos agropecuarios y agroalimentarios, mientras sus exportaciones sólo se elevaron un 8%.
De manera constante se han violado los plazos fijados en el acuerdo para la reducción gradual de las tarifas arancelarias. Desde el mismo momento en que se firmó el convenio, las importaciones de maíz estuvieron libre de aranceles y lo mismo ocurrió con el frijol, arroz y soya, cuya liberalización total fijada para el 2009 se adelantó 13 años.
Entre 1994 y 1999 la adquisición de estos granos fuera del país se incrementó en casi un 66%, lo que equivale a unos 12 millones de toneladas en cinco años, convirtiéndose México en el principal importador de esos productos en América Latina.
Igual infortunio corrió la ganadería. Las importaciones de carne bovina se elevaron un 200% entre 1994 y el 2000; las de carne porcina un 300% y las de huevo un 55%, en similar período.
De manera que México, uno de los más grandes países agrícolas del mundo, ha perdido con el TLCAN su soberanía alimentaria.
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las importaciones mexicanas de maíz, sorgo, trigo y soya crecerán casi un 30% en los próximos 10 años.
Miles de campesinos perdieron sus empleos en los primeros ocho años del TLCAN con la reducción de las siembras de los cultivos tradicionales hasta 1,6 millones de hectáreas.
La competencia con Estados Unidos es muy fuerte, sobre todo después de que el país norteño aprobó hace un año la Ley de Seguridad Alimentaria e Inversión Rural, la llamada Farm Bill, que aumenta en casi un 80% las ayudas directas a la agricultura, con más de 180 mil millones de dólares de presupuesto destinado a esa actividad hasta el 2011.
El propio Banco Mundial reconoce que la situación en el campo mexicano es deplorable: dos de cada tres personas que habitan en el área rural viven por debajo del límite de la pobreza, la mayoría depende de otras actividades económicas para subsistir y hay más de una decena de estados amenazados por la inseguridad alimentaria, lo cual ha aumentado la emigración hacia Estados Unidos en alrededor de medio millón de mexicanos cada año.
¿Acaso es esto lo que buscan los gobiernos centroamericanos para sus campesinos con la firma de un TLC con Estados Unidos?